En definitiva, es requisito admitir las medidas mas arriba anunciadas como de extraordinaria y urgente necesidad, en la medida en que los dos tipos de servicios (taxi y VTC) conviven en un mismo sistema público de movilidad, que, consecuentemente, no puede ser regulado de forma parcial y ha de responder a unos principios que garanticen la sostenibilidad, la calidad y la seguridad vial. La disposición transitoria quinta contempla la app de los criterios medioambientales, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público establecidos en el presente real decreto-ley a los métodos que estén pendientes en la fecha de su entrada en vigor. Por su parte, la predisposición transitoria sexta prevé el régimen aplicable a las autorizaciones de arrendamiento de automóviles con conductor suspendidas por no adscripción de vehículo. La disposición agregada cuarta contempla el régimen para la adaptación de los Estatutos de las cooperativas de crédito a lo preparado en el presente real decreto-ley, para lo que se establece un período de 12 meses desde su entrada y se restringe el derecho de derecho de separación de los socios como consecuencia de la aplicación de este real decreto-ley o de la adopción por la cooperativa de crédito de los pactos precisos para la adaptación de sus estatutos.
Condiciones
Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente nombrados. Por su lado, en el orden civil, el porcentaje de recursos que se admiten está entre el 18 % y el 19 % del total, lo que supone que la mayoría de las energías del tribunal se dedican a un 81 u 82 % de elementos que, por ser inadmisibles, previenen cumplir con la función constitucional del Tribunal Supremo. De esta manera, la duración de la etapa de admisión supera ya los dos años. El trámite de extinción de las fundaciones, pensado en el artículo 38 del Reglamento de Fundaciones de rivalidad estatal, se regula de manera somera en su apartado 2, limitándose a prever los pasos a seguir en el supuesto de que el protectorado aprecie la concurrencia de una causa de extinción.
En el capítulo I se establece una asiste para los operadores de servicios de transporte marítimo que trabajan en líneas de navegación de interés público, que son aquellas sobre las que la administración establece ciertas obligaciones de servicio público en atención a su particular consideración e relevancia para las comunidades autónomas de Baleares y Canarias y para Ceuta y Melilla.
Las ayudas establecidas en este capítulo son compatibles con la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo usado en la agricultura y ganadería regulada en el artículo 52 ter de la Ley de Impuestos Especiales y con la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo. El pago de la ayuda se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta a la que se ordene el pago devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos sosprechada en el artículo 52 ter de la Ley de Impuestos Destacables o, en su caso, en un único pago, a la cuenta a la que se ordena el pago de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Comburentes Derivados del Petróleo. La fecha final del período de solicitud de las ayudas convocadas es el 15 de septiembre de 2024. Con independencia de la ejecución del aval, corresponderá a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales, el ejercicio de acciones judiciales o la ejecución de garantías, por cuenta y en nombre del Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana para la restauración de la integridad de los importes impagados de las operaciones financieras objeto del aval. El importe de estas deducciones se restará de la cuota íntegra estatal después de las deducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4, y 5 del artículo 68 de esta ley.Condiciones
Asimismo, van a tener ese derecho aquellas que tengan necesidades de precaución respecto de los hijos y también hijas mayores de 12 años, el cónyuge o pareja en verdad, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tal como de otras personas dependientes cuando, en este último caso, convivan en el mismo residencia, y que por razones de edad, incidente o patología no logren valerse por sí solos, debiendo justificar las situaciones en las que fundamenta su petición. Cuando la legislación de los Estados integrantes imponga en el caso de escisión, trámites destacables para que la transmisión de determinados bienes, derechos y obligaciones de la sociedad escindida sea oponible a terceros, estos trámites se aplicarán y serán cumplidos por las sociedades escindida o beneficiaria según sea correcto. B) La conversión de cuando menos algunos de los socios de la sociedad escindida en socios de la sociedad o sociedades beneficiarias, continuando por lo menos algunos de ellos en la sociedad escindida o la conversión en asociados de las dos con arreglo al reparto de acciones o participaciones especificado en el emprendimiento, salvo que estos asociados hayan alienado sus acciones o participaciones. C) La transmisión a las respectivas sociedades beneficiarias de los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales y existentes en la fecha en que surta efecto la escisión. B) La conversión de los asociados de la sociedad escindida en asociados de las sociedades beneficiarias conforme al reparto de acciones o participaciones concretado en el proyecto, salvo que hayan alienado sus acciones o participaciones. Los socios de la sociedad española escindida que no tengan o no hubieran ejercitado el derecho a enajenar sus acciones o participaciones, pero consideren que la relación de canje establecida en el proyecto no es correcta, tienen la posibilidad de impugnarla y reclamar un pago en efectivo. Los métodos y formalidades que deban cumplirse tras la recepción de tal certificado para la conclusión de la operación se regirán por el Derecho de los Estados integrantes de las sociedades adjudicatarias.
La escritura recogerá el acuerdo de cesión global adoptado por la sociedad cedente, que solo se va a poder llevar a cabo una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones anteriormente referidas. No va a ser preciso el acuerdo de la junta general de la sociedad o sociedades cesionarias, bastando el acuerdo del consejo de administración, a menos que la cesión global tenga por objeto la adquisición de los activos esenciales. Una sociedad inscrita podrá trasmitir en bloque su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no va a poder radicar en acciones, participaciones o cuotas de colega del cesionario. Esta regla se va a aplicar en caso de escisión parcial visite o seguinte site na internet de escisión por segregación, distribuyendo el elemento del activo o del pasivo entre todas las sociedades adjudicatarias y la sociedad escindida.
